Hacienda admite que la industria ya ha perdido 18.000 millones en la gestión de los fondos

La gestión del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha sido históricamente de las más lentas y poco operativas de los equipos de Gobierno. Solo desde 2019, hasta ahora, las industrias de nuestro país han perdido más de 18.000 millones de euros, como consecuencia de la mala ejecución de los fondos europeos y de fondos normales. Curiosamente, justo la misma cantidad que Fedea, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que dirige el economista Ángel de la Fuente, prevé que podría perder el PIB español de aplicarse la reducción de la jornada laboral que pide Yolanda Díaz.

La actual situación de nuestra industria la constatan los datos de la Intervención General de la Administración del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda -como ha podido cotejar THE OBJECTIVE-, y que deja a nuestro sector industrial en una posición complicada con respecto a nuestros socios de la UE. En España, la industria solo representa el 14,7% del PIB español, muy por debajo del promedio europeo (17%), con una caída significativa en el empleo estable y de calidad.

Por este motivo, el Grupo Popular podría plantear una enmienda de totalidad al Proyecto de Ley de Industria y Autonomía Estratégica, que a día de hoy sigue en trámite parlamentario. Leído el texto que salió del Consejo de Ministros, los populares vislumbran, no solo una ejecución presupuestaria deficiente y un retroceso del proceso industrial, sino también, una falta de medidas estructurales en el marco de un pacto de Estado, donde el papel del sector y el peso de las autonomías no está presente.

La ley no reduce cargas administrativas

Fedea, como el Grupo Popular, también ha evaluado la nueva ley de Industria, que actualmente se encuentra en periodo de enmiendas en el Congreso de los Diputados. Una ley, que además responde a una de las reformas comprometidas por España en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que pretende poner al día el marco normativo básico de la industria tras más de 40 años de vigencia de la norma actual

En ese contexto, el investigador asociado de Fedea, Diego Rodríguez, ha detectado que, pese a que el objetivo inicial de la norma era la reducción de cargas administrativas para las empresas, el planteamiento hecho por el Gobierno de Pedro Sánchez no sugiere que camine en esa dirección.

Por el contrario -apunta el también catedrático de Universidad en el Departamento de Economía Aplicada, Estructura e Historia de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense de Madrid-, «se crean nuevos sistemas de certificación empresarial» que, en su opinión, «realmente están pensados para reducir la carga de la Administración en los procedimientos de ayudas públicas, pero no para reducir la carga burocrática a la que se enfrentan las empresas». Esto, señala, «resulta especialmente importante en un contexto europeo donde hay una elevada preocupación por reducir las cargas administrativas que recaen sobre las empresas, como muestra el lanzamiento de diversos paquetes Ómnibus por parte de la Comisión Europea».

Una normativa difusa

En la actualidad, recuerda Rodríguez Rodríguez, el único documento estratégico elaborado por el Ministerio de Industria son las Directrices Generales de la Nueva Política Industrial Española 2030, que fue publicado por el Ministerio en febrero de 2019. Y es significativo -destaca-, que ya en ese documento de hace siete años, se refiere a una nueva ley de Industria en la página 5 -como ha podido comprobar THE OBJECTIVE-, que aún no se ha materializado, y en la que se dice que, «se reducirán las cargas administrativas».

La nueva norma -explica Fedea- abandona la referencia tradicional de las agrupaciones sectoriales clásicas, sustituyéndolas por los llamados ‘ecosistemas industriales’. Este concepto, sin embargo, se define de un modo muy difuso, un problema que se extiende también a otros conceptos que juegan un papel básico en la nueva ley, como los sectores y retos estratégicos. A juicio del autor, el adjetivo “estratégico” se utiliza profusamente a lo largo de la norma para adjetivar distintos conceptos, sin llegar generalmente a definirlos con claridad.

En el trabajo también se indica la dificultad de pronunciarse sobre el nuevo Comité de Inversiones Estratégicas, del que el Proyecto de Ley solo establece ideas muy generales. En ese sentido, se señala que más allá de los aspectos formales sobre el funcionamiento de este nuevo Comité, hay que esperar a la definición concreta de la estrategia del Gobierno, que deberá aprobarse en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

Una evaluación independiente

El estudio de Fedea valora el diseño de una gobernanza basada en una Estrategia Española de Industria y Autonomía Estratégica, con una vigencia de seis años y de la que se derivaría un futuro Plan Estatal y Programas para periodos trienales. También considera positivo que haya una evaluación de ambas, si bien el autor considera imprescindible que esa evaluación se realice por una entidad independiente y externa al ministerio responsable, un extremo que no se incluye en la norma. En cualquier caso, el autor señala que no resulta posible adelantar los efectos prácticos de la estructura de gobernanza que se delinea en la nueva ley y que habrá que esperar a su desarrollo reglamentario.

Asimismo, Diego Rodríguez considera razonable la práctica de condicionar las ayudas públicas al mantenimiento de la actividad en territorio nacional durante un período mínimo. Sin embargo, llama la atención sobre el hecho de que, en una ley que deja la concreción de buena parte de su contenido para desarrollos normativos posteriores, no se remitan los detalles en este ámbito a las bases reguladoras de las ayudas relevantes y se establezcan, además unos umbrales de aplicación general en una norma con rango de ley.

Reserva estratégica

Finalmente, Fedea subraya la creación de una Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción
Industrial (Recapi) y la salvaguardia de la base industrial de sectores de importancia estratégica. Este -pondera-, «es quizás uno de los aspectos más novedosos del Pliae y está pensado para responder a una crisis de suministro sobre la base de un sistema de corresponsabilidad entre la Administración Pública y los operadores industriales». Como es razonable -aclara-, «en la norma no se especifican recursos concretos de primera necesidad o carácter estratégico, pero sí criterios generales para su inclusión, particularmente los reconocidos como tales por la legislación europea».