La OCDE alerta de que la hiperregulación en España drena 70.000 millones al PIB cada año

Según los estudios de la OCDE y el Índice de Complejidad Regulatoria de Giuseppe Di Vita que ha podido cotejar THE OBJECTIVE, España es uno de los países con mayor dificultad regulatoria, siendo su nivel notablemente superior al promedio europeo. Se sitúa como consecuencia de ello en los últimos lugares en cuanto a calidad regulatoria y eficiencia administrativa. En concreto, en términos de exceso de sobrerregulación, España ha pasado de ocupar el puesto 50 de 63 países en 2015 al puesto 61 en 2025.

En términos económicos, este exceso normativo e intervencionista de los gobiernos se ha ido multiplicando (1.000 normas al año recogidas en 1,3 millones de páginas), lo que se traduce en un coste significativo que hoy se cuantifica en torno a 1.470 euros anuales por habitante, equivalente a un coste agregado de aproximadamente 70.000 millones de euros anuales. Una cantidad relevante, más del 4% del PIB español, carga que -señala el Instituto Juan de Mariana– «está actuando como un impuesto silencioso que está erosionando y desincentivando tanto la inversión como la competitividad internacional».

La institución que preside Manuel Llamas levanta la voz y defiende la «derogación de leyes innecesarias», como ha hecho la provincia de Alberta, en Canadá, con un programa que ha suprimido en dos años 107.000 requisitos regulatorios y le ha ahorrado al Gobierno y a los que crean empleo más de 476 millones de dólares.

«Un país -explica a THE OBJECTIVE el economista Diego Sánchez de la Cruz, del Instituto Juan de Mariana- no puede crecer con grilletes en los pies, porque estamos hablando de un coste que podría llegar incluso a 90.000 millones de euros anuales». Para ponerlo en perspectiva, «el déficit anual de España ronda los 70.000 millones. O dicho de otro modo, si se eliminara la carga innecesaria de regulación, podríamos generar tal aumento de la actividad que el déficit podría aminorarse significativamente sin necesidad de subir impuestos».

La curva de Laffer regulatoria

Estas reflexiones y efectos de la sobrerregulación normativa sobre la economía es lo que ha alentado la aplicación de una nueva herramienta por parte del Instituto Juan de Mariana, la curva de Laffer regulatoria. En esta ocasión, la metodología propia se detiene en el análisis normativo y en sus consecuencias, y por esto establece una curva, asemejándose a la de Laffer, la cual indica que aumentar los impuestos no siempre sirve para aumentar la recaudación-. En esta ocasión, la curva liga la relación entre el crecimiento promedio del PIB real per cápita y el número de normas aprobadas por las comunidades autónomas

Con esta herramienta se extraen conclusiones que prueban cómo «comunidades como Madrid o País Vasco apoyan su crecimiento económico en un marco regulatorio menos restrictivo, mientras que, en sentido inverso -subraya el Instituto Juan de Mariana-, Cataluña destaca por ser el territorio autonómico con mayor carga normativa y, como consecuencia de ello, sale peor parado». «Tanto es así -han recalcado en un acto presentado este miércoles en Madrid, en la sede de la Universidad Juan Carlos I- que el volumen de regulación por cada 1.000 euros de renta per cápita es hasta cuatro veces mayor en Cataluña que en Madrid o el País Vasco».

Aunque la descentralización regulatoria aportó inicialmente beneficios económicos claros, la revisión reciente de la literatura y los datos empíricos aquí presentados indican que actualmente muchas comunidades autónomas se encuentran en el tramo descendente de la Curva de Laffer Regulatoria. «Un fenómeno que resulta evidente -subrayan- especialmente en regiones, más allá de Cataluña, como Andalucía y Castilla y León, donde la carga normativa supera ampliamente el umbral de equilibrio».

Ejemplos de mala regulación

En casos concretos, el Instituto Juan de Mariana mantiene que la complejidad normativa y la lentitud administrativa hacen que el desarrollo de nueva vivienda en España tarde entre 10 y 14 años, lo que ha generado un déficit acumulado de 423.000 viviendas. A esto se suman cargas fiscales elevadas y regulaciones sobre el alquiler que estrangulan la oferta y encarecen el acceso a la vivienda

España -añade Sánchez de la Cruz- «aplica hasta 390 normas distintas sobre horarios comerciales, situándose como el tercer país de la UE con más barreras al comercio minorista. El propio sector del retail y la distribución estima que reducir estas barreras en un 10 por ciento generaría un impacto económico positivo de 9.550 millones de euros».

Otro ejemplo de mala regulación es la nueva Ley del Medicamento, apunta Diego Sánchez de la Cruz, también director del think tank Foro Regulación Inteligente e investigador asociado del Instituto de Estudios Económicos. Señala que es una ley que ha recibido cerca de 400 alegaciones por su opacidad en precios y falta de competencia. Sin olvidar que «España tarda más de 500 días en registrar nuevos fármacos, lo que la sitúa como uno de los países más lentos de la UE». «En paralelo, el Plan Antitabaco ha sido criticado por vulnerar principios comunitarios y restringir productos de reducción de daño como el vapeo o las bolsas de nicotina, alejándose de las mejores prácticas internacionales y presentando una normativa carente de evidencia empírica, tal y como ha señalado la CNMC y de acuerdo con lo que han reivindicado otros países europeos críticos con los planes del gobierno español, como Suecia, Italia o Chequia».

Cómo salir del infierno regulatorio

Hoy en día -justifica el Instituto Juan de Mariana-, no es raro escuchar a empresarios —españoles y extranjeros— decir que
prefieren invertir en otros países porque España es, sencillamente, un infierno regulatorio. Obtener una licencia puede tardar años. Hay expedientes que ni siquiera son revisados durante meses. Esa espera supone un coste financiero enorme: capital circulante inmovilizado, deuda acumulada y oportunidades perdidas.

En opinión de la institución liberal, existen soluciones sensatas para evitar el hastío y la respuesta de las empresas, con el consiguiente efecto sobre el empleo y la productividad, que pasan por iniciativas como una verdadera ventanilla única, permitiendo a las empresas que puedan cumplimentar todos sus requisitos en un único punto de acceso. Además, añaden a estas medidas el silencio administrativo positivo, de modo que si la Administración no responde en un plazo, la solicitud debe considerarse aprobada.

Por otra parte, el Instituto Juan de Mariana defiende el uso compartido de la información: no debería exigirse a las empresas que aporten datos que la Administración ya tiene, una práctica corriente en España. Por último, el think tank reitera la necesidad de frenar el exceso y diferencia entre regulación y exceso de regulación.