BBVA animó a su plantilla a votar a favor de la opa al Sabadell en la consulta de Sánchez

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, elevará este martes, salvo sorpresa de última hora, la oferta pública de adquisición de acciones (opa) de BBVA sobre el Sabadell al Consejo de Ministros para analizar sus efectos sobre el interés general y adoptar medidas correctoras tras haber analizado la consulta ciudadana que fue anunciada por Pedro Sánchez.

BBVA no quiso participar, al entender que no había factores para ello, pero sí animó a su plantilla para que lo hiciera con el fin de votar a su favor. La entidad prefirió utilizar otras vías para que los resultados fueran los más beneficiosos, a pesar de no compartir la iniciativa de este referéndum para analizar la transacción. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, en la semana en la que estuvo vigente el plazo para realizar la encuesta circuló por todo el banco una nota interna en la que se reclamaba que se votara en la consulta que la opa no afectaba al interés general, que es lo que defiende la cúpula y la propia institución financiera.

La circular, que era anónima, se convirtió en la comidilla de las instalaciones de BBVA, tanto en su sede operativa de La Vela en Madrid como otras dependencias, y llegó incluso a la red de 1.800 oficinas que tiene repartidas por todo el país. La petición ha exacerbado a una parte de los empleados y a algunas organizaciones sindicales, que consideran que es una injerencia en la libertad de opinión. La entidad cuenta con casi 30.000 trabajadores en nuestro país.

La CGT denuncia esta maniobra al considerar que es «inaceptable» que una entidad privada intente dirigir a sus trabajadores en un asunto de tanta importancia, y que «contraviene la ética más elemental». Asimismo, sostiene que la iniciativa buscaba «supeditar la voluntad de la plantilla a los intereses particulares de una cúpula directiva, no a los de los empleados, accionistas o el interés general».

Hay que destacar que los sindicatos se han mostrado contrarios a la opa de BBVA sobre el Sabadell por varios motivos, pero principalmente por las consecuencias que tendría sobre el empleo. Si se materializa una posterior fusión de ambos bancos, una vez concluya la opa, se estima que el grupo vasco aplicará una ERE para unos 5.000 trabajadores. Un impacto que algunas fuentes llegan a duplicar. El banco todavía no ha ofrecido de manera oficial ninguna cifra, pero es probable que el número de afectados por el ajuste colectivo pueda minimizarse para convencer al Gobierno de que no sea demasiado duro en sus exigencias para que la oferta siga adelante.

Fuentes oficiales del banco sostienen que no hubo ninguna instrucción, señalan que la nota se elaboró ante la multitud de peticiones que había sobre cómo actuar en este caso y aseguran que se dio libertad total. En la carta, BBVA defendía que la operación era buena para la sociedad y que garantizaba la competencia tras los compromisos asumidos con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por lo que señalaba que si se estaba de acuerdo con este criterio se animaba a votar no en la consulta. Si bien agregaba que «cada uno puede responder en el sentido que quiera o no contestar».

Moncloa baraja reclamar medidas a BBVA como las impuestas por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni con Unicredit-BPM, como la venta de negocios, imposición de no cerrar sucursales, mantener el empleo, no reducir ni el volumen ni el precio de los créditos a pymes durante un periodo prolongado de tiempo y no abordar una futura fusión para que el Sabadell pueda mantener la sede social en Barcelona. También estudia la posibilidad de requerir a BBVA que no disminuya la financiación de ambos al sector público. Algunas fuentes indican el Gobierno podría ir mucho más lejos y no se descarta que pueda vetar la opa pese a que la ley lo impide, saltándose la normativa con el pretexto del interés general.

La operación tiene el rechazo de patronales empresariales, partidos políticos y administraciones, principalmente catalanas, como la Generalitat. De hecho, buena parte de los socios que sustentan al Ejecutivo han reclamado una paralización de la transacción, como Sumar, Junts y ERC.

El conjunto de los inversores aún ve posibilidades para que BBVA tome el control del Sabadell y, por el momento, no vislumbra un fracaso de la operación. Aun así, está pidiendo al grupo vasco que eleve el precio ofrecido e incluso una parte en efectivo, que rondaría los 1.000 millones para que tenga éxito.

El Gobierno, de elevarse la opa al Consejo de Ministros, tendrá un mes para decidir si impone alguna medida. Por tanto, hasta finales de junio no llegará una resolución definitiva. Entonces BBVA podrá valorar si sigue adelante o prefiere retirar la oferta de compra. Después será la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la que tendrá que aprobar el folleto informativo de la operación para que los accionistas del Sabadell se adhieran al proyecto o no, canjeando las acciones en función de la propuesta.