El presidente de la petrolera Hafesa se arriesga a una orden de captura si no vuelve de Dubái

La Audiencia Nacional insta al actual presidente del grupo Hafesa, Alejandro Hamlyn, a regresar de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) para comparecer el próximo lunes 26 de mayo en el juicio por el que se investiga a la petrolera por un presunto fraude de hidrocarburos de 154 millones de euros. Este proceso afecta al propietario del grupo, a una filial del conglomerado empresarial -Hafesa Energía- y a una decena de empresas más.

En un auto dictado el pasado 14 de marzo al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el juzgado número 4 autorizó al acusado Hamlyn a permanecer hasta el 30 de abril en Emiratos, pero con la obligación de comparecer el 5 de mayo para la entrega del pasaporte. Sin embargo, ese día el presidente de la petrolera no regresó. Según la versión del acusado, ha recibido de las autoridades dubaitíes la notificación de una «travel ban», es decir, una prohibición de viaje y de abandonar el país por una reclamación civil por deuda, conforme a la legislación procesal civil del país.

Las acusaciones piden una orden de búsqueda y captura para su posterior ingreso en prisión. De momento, la Audiencia Nacional no va a emitir dicha orden, aunque el pasado 9 de mayo abrió la puerta a adoptar esa medida cautelar si no comparece el próximo lunes (es decir, en cuatro días). Las sesiones del juicio comienzan a finales de mayo y se extenderán durante los meses de julio y septiembre. Fuentes oficiales de la empresa aseguran que «están colaborando con todo el proceso y que Alejandro Hamlyn está haciendo todo lo posible por volver».

La instrucción de este caso -que es uno más de los que se están investigando en la Audiencia Nacional por presunto fraude de hidrocarburos- concluyó en junio de 2021. Se propuso juzgar a la empresa Hafesa Energía como organización criminal por un presunto fraude fiscal del IVA (impuesto sobre el valor añadido) que tuvo lugar entre los años 2016 y 2019. El juicio iba a tener lugar a mediados del pasado mes de septiembre, pero se aplazó sin fecha a petición de la Fiscalía porque se quería conocer el testimonio de un salpicado por la trama que acababa de ser detenido ese mismo verano en México, después de que este se fugase en 2019.

El fraude de hidrocarburos es un tipo de actuación delictiva que consiste en no liquidar ante Hacienda el impuesto al llevar a cabo una venta de combustible (sobre todo diésel) cuando el producto sale fuera del depósito fiscal, lo que permite a una empresa engordar su tesorería al no repercutir el 21% de cada operación de venta.

Hace dos días, la compañía presentó sus resultados: la empresa había facturado 1.500 millones en 2024 y desde 2018 han vendido más 2.000 millones de litros de combustible a minoristas en el puerto de Bilbao. El pasado mes de abril se iniciaron las obras en el puerto exterior de Ferrol (Galicia) de la nueva terminal de hidrocarburos impulsada por la petrolera, que invertirá 17 millones de euros en la construcción de la planta DBA Ferrol Port y prevé que esté operativa a finales de 2026.

Cabe mencionar que recientemente la empresa ha lanzado una nueva comercializadora eléctrica llamada Aletteo. A esta línea de negocio se unen cuatro más: DBA (almacenamiento), Hafesa Energía (operador de hidrocarburos), Hafesa Logística (transporte) y Hafesa (estaciones de servicio).

En los últimos meses, el fraude de hidrocarburos ha adquirido una gran repercusión mediática, impulsado por el caso de la operadora Villafuel que afecta al empresario Víctor de Aldama y salpica al exministro de Transportes, José Luis Ábalos. Este tipo de actuaciones ilícitas en el ámbito empresarial no son una novedad; comenzaron a finales del siglo pasado, cuando se decidió la liberalización al concluir la etapa de Campsa, la empresa pública que monopolizó el sector durante décadas.

A partir de 2015, en un intento por parte del anterior gobierno de aumentar la competencia, el fraude aumentó. El actual Ejecutivo, tras cuatro años en el poder, trató de frenarlo y creó a principios de 2023 una herramienta -llamada Redef (registro de extractores de depósitos fiscales de productos)- con el objetivo de controlar a todas las empresas mediante un censo. Pero al mismo tiempo dio poder a todas las empresas del sector (incluidas las que solo tienen 3.000 euros de capital social) para acceder al depósito fiscal, lo que disparó en cientos de millones de euros el agujero de Hacienda.