¡Qué país nos va a dejar la oposición!

Bolaños, al tiempo que proyecta nombrar a dedo a los futuros jueces, se emplea en el Parlamento a ejercer de trilero y tartufo. El pasado 22 de enero, ante el fracaso cosechado por el Gobierno al intentar aprobar tres decretos leyes, se revolvió como animal herido contra la oposición y con todo el descaro afirmó que cuando en febrero los 12 millones de pensionistas vean que su pensión baja recuerden que ha sido el Partido Popular, en compañía de otros, el causante, y cuando en el futuro los usuarios del transporte público descubran que ha subido el precio del billete deberán recordar que ha sido el Partido Popular, en compañía de otros, el culpable.

Resulta infantil, aunque es posible que engañe a muchos (por ejemplo a los sindicatos) la táctica de que un gobierno, cuando las cosas salen mal, eche la culpa a la oposición. Si las actuaciones fracasan, si los objetivos no se alcanzan y si los resultados son los contrarios de los perseguidos, la responsabilidad solo puede ser del gobierno. Es el gobierno el que tiene el encargo de gobernar y si por h o por b no puede hacerlo, lo lógico es que deje a otro u otros que lo hagan, es decir, que convoque elecciones.

El gobierno Frankenstein es políticamente tan antinatural como el personaje de Mary Shelley y, por lo tanto, con enormes dificultades para funcionar. En estos años se ha mantenido a base de toda clase de despropósitos, cesiones, arbitrariedades y abusos, que han llegado al culmen a partir de las elecciones del 2023, momento en el que Frankenstein se hace más Frankenstein que nunca. Han tenido que incorporar a Puigdemont y a sus seguidores, con lo que las contradicciones y obstáculos han aumentado enormemente y los apuros e impedimentos para mantener la gobernanza crecen por momentos.

En esa estrategia de mantenerse en el gobierno a cualquier precio, Sánchez echa mano de todos los medios posibles, entre ellos la utilización abusiva del decreto ley. Es más, desde el principio los convirtió en vehículos ómnibus capaces de incorporar una multitud de medidas de lo más dispar, pero que deben ser convalidadas en su conjunto, de manera que las otras formaciones políticas se ven sometidas al chantaje de tener que aprobar el lote completo, si quieren dar su asentimiento a un artículo determinado.

Esta táctica se practicó generosamente durante la pandemia. En cada prórroga del estado de alarma que debía aprobar el Parlamento, el gobierno Frankenstein incorporaba toda otra serie de medidas que podían interesarle, y las otras fuerzas políticas se veían en la tesitura de o bien dar la aquiescencia a todas ellas o bien sufrir que el sanchismo les tachase de obstruccionistas y les reprochase que no colaboraban en el control de la epidemia. Los estados de alarma se convirtieron así en un instrumento para que Sánchez pudiese actuar casi sin sometimiento legal alguno. Es el mismo procedimiento que ha seguido posteriormente.

«El decreto con el impuesto a las eléctricas fue el resultado de haber prometido a unos socios lo contrario de lo que había ofrecido a los otros»

Lo ocurrido el 22 de enero pasado con los tres decretos leyes que se presentaron para convalidar en el Parlamento mostró de forma muy clara, por una parte, las dificultades, por no decir la inviabilidad, de gobernar que en estos momentos tiene Sánchez y, por otra, las triquiñuelas que está dispuesto a hacer con tal de no tirar la toalla.

El primer decreto ley que se presentaba, el impuesto a las eléctricas, fue el resultado de haber prometido a unos socios lo contrario de lo que había ofrecido a los otros. A pesar de que el Congreso había votado en contra del citado gravamen, el Gobierno aprobó a continuación un decreto ley afirmando lo contrario, decreto ley que Sánchez sabía de sobra que no iba a ser convalidado por el Parlamento, pero le servía para engañar a algunos de sus aliados afirmando que él había hecho todo lo posible. Menos respeto a los instrumentos jurídicos y a las instituciones democráticas, imposible.

Es el mismo cinismo empleado por Sánchez cuando afirmaba refiriéndose al segundo decreto ley que el Gobierno había hecho su trabajo. Decreto ley que se configuró como ómnibus, incorporando 80 medidas de las materias más diversas. Además de la revalorización de las pensiones y de las ayudas a los damnificados por la dana, se incluían deducciones fiscales para la compra de vehículos eléctricos, apoyos para la digitalización de las pymes, modificación del régimen de funcionarios y empleados públicos, bonificación al transporte público, flexibilización de las normas urbanísticas, reforma del régimen local, fomento del autoconsumo energético y energías renovables, ampliación de la prohibición de los desahucios, protección de los okupas, nueva regulación del mecenazgo cultural, apoyo a las empresas industriales en transición ecológica, extensión de ayudas a familias monoparentales y numerosas, etcétera. En fin, todas las que se hubieran incorporado a los presupuestos.

La primera pregunta que cabría hacerse es si todas ellas cumplen la condición de encontrarse en extraordinaria y urgente necesidad. Circunstancias que no se dan por el simple hecho de que algunas sean aparentemente sociales, ya que cuando fuesen aprobadas, a la mayoría se les podría dar carácter retroactivo para no dañar a los beneficiarios, pero concediendo también suficiente tiempo a los diputados para analizar y discutir cada una de ellas. Por otra parte, el hecho de que sean sociales no quiere decir que en principio sean adecuadas y no deban ser debatidas. Tienen que ser mejores que las alternativas a las que se podrían aplicar dichos recursos.

«Sánchez se escudó tras los pensionistas o las víctimas de la tragedia de Valencia para extorsionar a los otros partidos»

No, el Gobierno no ha hecho sus deberes, porque casi la totalidad de esas medidas, incluyendo la regularización de las pensiones, tendrían que haberse incorporado a los presupuestos, esos presupuestos que Sánchez debería haber llevado a las Cortes hace más de cuatro meses, y que el Gobierno se negó a presentar, incumpliendo así la obligación que la Constitución impone, con independencia de que después se aprueben o no.

Ante el plante de Junts, y al no conseguir la convalidación del decreto ley, Sánchez se escudó tras los pensionistas o las víctimas de la tragedia de Valencia para extorsionar a los otros partidos, especialmente al PP, y obligarle a sancionar medidas que no comparte. Ya intentó utilizar la dana como coartada para que le aprobasen los presupuestos, empleando el falso argumento de que eran necesarios.

El Gobierno creyó que podía lanzar a todos los damnificados por la no convalidación del decreto ley incluyendo a los pensionistas, contra el PP haciéndole único responsable de los perjuicios sociales. Tuvieron poco éxito. Y es que carece de sentido hablar de sufrimiento social y echar la culpa a la oposición. No es muy coherente que el Gobierno fanfarronee de lo bien que va la economía considerándolo mérito suyo, pero al hablar de pobreza, de indigencia o de dolor social responsabilice al PP. Hay que citar ese chiste de Daniel Gascón en el que un personaje -supongo que es Sánchez- dice a otro: «Que país nos va a dejar la oposición». Parece ser que es lo mismo que piensan los sindicatos cuando se manifiestan contra el PP y no contra el gobierno.

Sánchez y sus ministros mantuvieron durante unos días, con total chulería, que bajo ningún punto iban a trocear el decreto ley y que volverían a presentarlo sin modificar un ápice. Sin embargo, en seguida se dieron cuenta de que el relato que habían construido no tenía éxito y de que la mayoría de la opinión pública, lejos de culpabilizar al PP, iba a responsabilizar como era lógico al Gobierno. En consecuencia, en pocas horas, el Gobierno cantó la palinodia, aceptó una nueva negociación con Junts y montó un vodevil en el Consejo de Ministros para aprobar un nuevo decreto con una extensión, tanto en folios como en medidas, mucho más reducida.

«El decreto ley recoge una reforma de las pensiones muy problemática, cuyos resultados futuros no se han estudiado con rigor»

La desfachatez del Gobierno intentando responsabilizar al PP es tanto mayor en cuanto que de los tres decretos leyes presentados el día 22 de enero, el único aprobado, el tercero, fue gracias al PP, sin que, por lo que se ve, el sanchismo se lo haya agradecido mucho. El mérito de este tercer decreto parecía encontrarse en ser fruto del diálogo social. De hecho, todo parece indicar que la posición de Feijóo se debió a que las medidas contaban con la aquiescencia de los empresarios.

Tradicionalmente, el diálogo social ha constituido un acuerdo a tres partes, sindicato, empresarios y el Gobierno, más concretamente el Ministerio de Hacienda representando al Estado, al interés general, y a las finanzas públicas, que no siempre tiene que coincidir con el interés de los trabajadores y de los de los empresarios.

Con el sanchismo las cosas han cambiado radicalmente. Hacienda no está ni se la espera. Y el Ministerio de Trabajo si representa a alguien es a los sindicatos. El problema se agrava cuando la oposición, en lugar de analizar la medida en sí misma, concede su aquiescencia conformidad por el único motivo de que es respaldada por los empresarios.

El decreto ley citado recoge una reforma de las pensiones muy problemática, cuyos resultados futuros no se han estudiado con rigor, y que no abandona ciertos supuestos tóxicos que hacen imposible la solvencia del sistema. Pero para analizar todo ello se precisaría al menos otro artículo. Será más adelante, si el ritmo vertiginoso de los acontecimientos lo permite.

«El nuevo decreto obedece sustancialmente a la misma lógica infecta que el anterior: hurtar el debate a los diputados»

Si hay que hacer algún reproche al PP no es que el día 22 de enero votase en contra del segundo decreto, el ómnibus, sino el haber aprobado el tercero, y quizás también el hecho de que ahora haya anunciado que votará a favor del miniómnibus (no tan mini) que ha pactado Sánchez con Junts. El voto negativo (al menos la abstención) estaría tanto o más justificado en cuanto que el PSOE en todo momento ha desechado el acuerdo y la negociación con el PP, al que solicita siempre una total e incondicional adhesión.

El nuevo decreto, aun cuando significa una rectificación y una derrota de Sánchez, además de una reducción importante de su contenido, obedece sustancialmente a la misma lógica infecta que el anterior: hurtar el debate a los diputados y someterlos a la coacción más descarada. En el nuevo decreto ley perviven medidas bastante problemáticas, o incluso claramente negativas, como el regalo del palacete de París al PNV, o mayores limitaciones a los desahucios con graves consecuencias para el mercado de la vivienda. Es cierto que los problemas derivados de esta última medida se han querido paliar con otra que puede ser positiva, la de los avales (ver mi artículo de la semana pasada sobre este asunto), pero da la impresión de que tal como se va instrumentar no va a tener implicación práctica, porque si no, ¿por qué continuar manteniendo las restricciones a los desahucios?

Se comprende que no es fácil hacer oposición a un gobierno populista, cuyo relato no se basa en razonamientos técnicos, sino en la propaganda, en el engaño y en el chantaje, pero entrar en su juego resulta enormemente peligroso. El PP ha sido víctima del síndrome de Estocolmo, y ha tenido miedo de la campaña de desprestigio que pudiera organizarle Sánchez afirmando que van en contra de las pensiones. Que lo pretendía, es evidente. Prefirió negociar con un prófugo que tan solo contaba con siete diputados, que con el principal partido de la oposición. Es más a pesar del anuncio del voto positivo, todo el sanchismo va a continuar con la campaña de difamación, y parece ser que los sindicatos también ¿de verdad les importa las pensiones?

No obstante, no parece que Vox tenga ninguna autoridad para criticar en este asunto al PP. Quizás porque se lo pidieron los grandes empresarios, se abstuvo en la votación del Real Decreto-ley 36/2020, permitiendo así que fuese aprobado, y que a partir de entonces el Gobierno pudiese gestionar con total arbitrariedad y sin control alguno los fondos europeos de recuperación. El favor fue tan grande que Abascal recibió alabanzas de Sánchez, tildándole de hombre de Estado. Extraños compañeros de cama.