Cataluña concentra siete de cada diez detenciones por 'okupar' viviendas

El 72% de los detenidos e investigados por okupar una vivienda se concentran en Cataluña. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado arrestaron e investigaron a 8.039 personas por allanar o usurpar inmuebles en 2024, diez veces más que la siguiente comunidad con más delitos de este tipo, la de Madrid, donde se contabilizaron 847 casos durante el mismo año.

En el conjunto de España se identificó a un total de 11.133 personas como presuntos allanadores o usurpadores en el mismo periodo, según los balances anuales del Ministerio de Interior a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Estos datos revelan que los intentos de okupación han crecido un 15% con respecto al ejercicio anterior.

La mayoría (un 58%) de personas bajo el radar de los agentes por entrar en casas ajenas, una labor que en Cataluña recae principalmente sobre los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional (CNP), son de nacionalidad extranjera. En 2024, se detuvo o investigó a 3.352 ciudadanos españoles, 428 ciudadanos de la UE, 79 europeos extracomunitarios y 4.180 procedentes de otros países.

Los mismos datos oficiales arrojan que los okupas extranjeros se han multiplicado por 13 en España desde 2018, y representan una proporción significativa, si bien no tan elevada como en Cataluña: el año pasado, 6.014 de los detenidos e investigados (el 54%) eran extranjeros, y de ellos, 5.274 (el 47%) eran extracomunitarios. Esta situación ha generado preocupación por un posible efecto llamada internacional ante la laxitud del sistema legal español con respecto a otros países europeos más duros en las penas contra los okupas.

El «efecto llamada» en el extranjero

«Ante la falta de legislación, se ha creado un efecto llamada a mafias internacionales», afirma Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma Nacional de Afectados por la Okupación. La actividad de organizaciones criminales se suma al «boca oreja» de «ciudadanos extranjeros que llegan a España y ven que esto es fácil, y se corre voz». Destaca la «macrookupación de Carabanchel exclusivamente por parte de peruanos» o cómo «las mafias internacionales de inmigración a determinados cayucos les dan GPS con localización de una vivienda» en Baleares y Canarias.

«Es justamente este efecto llamada lo que está provocando esta falta de legislación», denuncia Bravo. «Nos preocupa que se pueda okupar porque no haya legislación para respetar el derecho de los propietarios», añade el portavoz de esta entidad, que cree que «es llamativo el porcentaje de extranjeros, pero si se corre la voz de que en España no pasa, es normal que haya un porcentaje de extranjeros más elevado». Añade que, según sus cálculos, el 30% de los casos se resuelven de forma extrajudicial, es decir, a través de agencias privadas.

«Mucha gente está optando por acudir a otros medios como las empresas de desokupación al ver la lentitud de la justicia y cómo se ponen trabas a los propietarios», expone Arantxa Goenaga, abogada y socia de AF Legis. Hay que tener en cuenta que los datos de Interior, elaborados a partir de la información policial, permiten observar tendencias, pero no cuantificar de forma exacta la dimensión del problema; ya que dejan fuera tanto la expulsión de intrusos al margen de los juzgados como las inquiokupaciones, al entender que se trata solo de un impago con implicaciones civiles y no penales.

El año de la pandemia marcó un antes y un después en las estadísticas gubernamentales de allanamientos y usurpaciones, que aumentaron notablemente. Esto se debe principalmente a que 2020 fue el primer año en que Interior tuvo acceso a las cifras de la policía autonómica de Cataluña, la comunidad líder en okupación. Las detenciones del CNP existen en el territorio, pero son minoritarias en comparación con las de los Mossos.

Sin embargo, Bravo detecta un segundo factor determinante: «Es en el año 2020 cuando se aprueba el real decreto antidesahucios, que por primera vez incluye la vulnerabilidad». «Es el momento en el que se generaliza el fenómeno de la okupación y aparece la inquiokupación«, lamenta, y recuerda que «esta vulnerabilidad es competencia de las Administraciones públicas, pero el Gobierno no se hace cargo ni ha dado dinero a los ayuntamientos para estas personas vulnerables y las deriva a terceros», en referencia a los propietarios, que en ningún caso son responsables de garantizar el derecho constitucional a la vivienda digna encomendado por la Carta Magna a las instituciones públicas.

Pablo de Palacio, abogado ejerciente en Barcelona, relata el caso «surrealista» de sus clientes, que fueron detenidos por la policía catalana tras sufrir dos intentos de okupación en los que fueron amenazados «con cúteres». Otros dueños a los que representa tardaron dos años en recuperar legalmente su propiedad, pero «esa misma noche otra okupa pega una patada en la puerta y entra». La acusada llegó a admitir al letrado que «la asistenta social le dijo ‘cuando se vaya de aquí, okupe otro'».

El jurista y criminólogo hace hincapié en la «manera muy peligrosa» en la que «están actuando los ayuntamientos» al empadronar a los intrusos en fincas sobre las que no tienen derecho de propiedad ni de uso, una práctica de las autoridades municipales que han avalado algunos jueces. De Palacio indica que en su día ve muchos okupas foráneos -dos nacionales frente a una quincena de extranjeros en los últimos meses- y que existen «mafias violentas» que toman pisos y los alquilan de forma ilegal a «okupas estafados». Como contrapunto, en la justicia «se están concediendo casi todas las medidas cautelares», celebra.

«Cuando se desokupa una vivienda, se van a okupar otra, no se van a alquilar», plantea Toni Miranda, presidente de la Organización Nacional de Afectados por la Okupación. Explica que «no se soluciona el problema al no hacer las Administraciones vivienda social» y que actualmente, la vía penal de los allanamientos y las usurpaciones «es utilizada en menor grado», porque «casi todos cambiaron la patada en la puerta por el contrato de alquiler y cambió la forma en la que se okupaba; ahora todos van por contrato y no son usurpadores, sino inquiokupas, inquilinos que no pagan».

Miranda manifiesta que se puede clasificar las organizaciones de la okupación según su modus operandi y origen geográfico. «Salvo la gitana, son todas mafias extranjeras… cuando hablamos con la persona afectada, determinamos qué tipo de okupa tiene, y no falla, dependiendo del perfil, ya sabemos cuánto vamos a tardar en echarlo», detalla. Ejemplifica que los okupas marroquíes o gitanos suelen alquilar e impagar escudándose en la vulnerabilidad de sus hijos, mientras que se ha observado una práctica creciente entre inquiokupas procedentes de Latinoamérica que usan a los curas como aval para hacerse con un contrato que no pretenden cumplir. No todos ellos pertenecen a bandas ni las bandas se dedican todas exclusivamente a apropiarse de inmuebles ajenos, sino que grupos dedicados a la droga o a la prostitución a veces se adueñan ilegalmente de locales o pisos como base para su actividad principal.

Goenaga añade que el aumento de las cifras en Cataluña puede deberse a «la reforma legislativa que se ha hecho que se trata de que se resuelvan mediante juicio rápido hace que deba ir por la vía penal y por eso los casos que se conocían en la vía civil y de los que no había denuncia y detención ahora van a la vía penal». Sin embargo, sospecha que «también puede venir por un repunte de la okupación por la sensación de impunidad que tienen los okupas» y que se seguirán incrementando dado que conocen las trabas que pueden utilizar para retrasar los procedimientos» a no ser que «se consiga que los desalojos sean todos rápidos y efectivos».

La abogada especialista en derecho inmobiliario alerta de que «parece que [los okupas] conozcan todos los agujeros [legales] y cómo aprovechar cualquier resquicio para retrasar los procedimientos». Considera que «el cambio tiene que venir por una aplicación efectiva de la normativa por parte de los jueces y también de las fuerzas públicas, cuando se acaba de producir la okupación deberían desalojarlos de inmediato y no esperar a que acabe en un procedimiento judicial». «La solución es aplicar la normativa y ser rápidos para que tanto la policía como los juzgados no dejen que se dilate en el tiempo. En cuanto suceda, esto dejará de ser interesante para ellos y disminuirán los casos», concluye.