La Junta andaluza da luz verde a la explotación de la mina de Aznalcóllar en pleno macrojuicio

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha visitado este viernes la localidad sevillana de Aznalcóllar para comunicar oficialmente al alcalde, Juan José Fernández, que su departamento ha autorizado el nuevo proyecto de explotación y el plan de restauración de la mina de Los Frailes a manos de la alianza empresarial promovida por Grupo México y la andaluza Minorbis.

Esta anuncio de la Junta de Andalucía supone «el último trámite de la Administración autonómica para dar vía libre al inicio de los trabajos de construcción de una nueva mina» y se produce en medio del macrojuicio contra 16 funcionarios, políticos y empresarios que se está celebrando en la Audiencia de Sevilla. A los acusados se le piden condenas que suman un total de 348 años de prisión por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, prevaricación ambiental, cohecho y fraude contra la Administración tras la primera autorización de 2013 para la reapertura de la mina.

El proyecto, que cuenta con una inversión cercana a los 500 millones de euros y la previsión de generar en torno al millar de empleos directos, indirectos e inducidos durante la fase de construcción y unos 2.000 durante la fase de operación, cuenta con una vida estimada de al menos 20 años, incluyendo las labores preparatorias del proyecto minero, ha subrayado el consejero.

La futura explotación minera cuenta con reservas de unos 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (zinc, plomo y cobre), con una producción media estimada de 2,7 millones de toneladas por año. Según un documento publicado por la propia Junta de Andalucía en julio de 2013, el valor en mercado del depósito de la mina de Aznalcóllar superaba en aquel momento los 14.000 millones de dólares -la divisa en la que cotizan los minerales en los mercados internacionales-. Una cifra que en la actualidad podría estar por encima de los 18.000 millones de dólares -unos 15.580 millones de euros-.

El anuncio de la Junta andaluza ha caído como una bomba en el juicio que se sigue contra los responsables de la primera autorización de 2013 y que se encuentra en plena fase de testificales. El anuncio de Paradela ha provocado «cierto estupor» entre las acusaciones, ya que «parece significarse» en este proceso judicial.

«Es escandaloso. En este momento del desarrollo del juicio oral, la actuación de la Junta parece ser un nuevo intento a la desesperada de ‘aforar un comportamiento’ para tapar lo que realmente ocurrió y que así lo demuestra la UCO en sus investigaciones», asegura a THE OBJECTIVE uno de los juristas que sigue el caso en la Audiencia de Sevilla.

Además, esta persona considera «paradójico» que tras el desastre ambiental de Aznalcóllar, la Junta interceda «indirectamente en medio de un juicio para dar la explotación a los del desastre ambiental del Rio Sonora en México», en referencia al Grupo México que explotará los yacimientos de Aznalcóllar. «Este es el segundo escándalo en menos de una semana que afecta al consejero Jorge Paradela, al destaparse que aparecía como apoderado de Heineken hasta el pasado mes de marzo -tras llevar varios años como consejero- y que recibió 1,2 millones de la empresa cervecera como indemnización tras trabajar varios años en la multinacional», concluye la citada fuente.

El foco del macrojuicio sigue puesto sobre Vicente Fernández Guerrero, que ocupó varios cargos importantes en el Gobierno regional con los socialistas durante la pasada década y que luego fue aupado a la presidencia de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019 de la mano de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Fernández Guerrero, quien tendrá que declarar a mediados de julio, se enfrenta a una petición de cárcel de 19 años, junto a una inhabilitación de 60 años y una multa de dos millones de euros por su papel en esta explotación minera adjudicada en 2013 a la agrupación empresarial México-Minorbis cuando era secretario general de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo. 

Montero siempre ha defendido a Fernández Guerrero durante la larguísima instrucción de este caso en el Juzgado de Instrucción 3 de Sevilla. Cuando le nombró presidente de la SEPI, destacó de él su «honradez» y consideró que su «suma de competencias permiten afirmar por mi parte que es la persona adecuada para dirigir la SEPI en un momento en el que tenemos que dar respuesta a los cambios en el modelo productivo». Tras su dimisión a finales de 2019, el PP llegó a preguntar al Gobierno de Pedro Sánchez si el acusado seguía ejerciendo alguna función en la sombra en dicho organismo público o en otro tras retornar a su puesto funcionarial de letrado de la Junta andaluza.

El llamado caso Aznalcóllar no empezó con la conocida rotura de la presa de 1998, en la que se produjo una de las mayores catástrofes ambientales en España, sino en 2013 cuando se inició el expediente administrativo para la reapertura de la mina. Pese al atractivo económico que ofreció la Junta, ninguna de las principales multinacionales de entonces del sector de la minería se presentó debido a las dudas que presentaba la información técnica y los pasivos ambientales que debían ser asumidos por el adjudicatario.

La única compañía interesada fue Emerita Resources España, filial de una compañía canadiense cotizada en la Bolsa de Toronto, que había empezado un año antes a buscar proyectos de exploración en España. Debido a la falta de transparencia que se detectó en la fase final de evaluación de ofertas, el propio embajador canadiense en Madrid, Jon Allen, remitió en 2015 una carta a Díaz informando de la profesionalidad y solvencia del proyecto de Emerita y que la empresa estaba avalada por el Banco de Inversiones canadiense (ver abajo).

El concurso tuvo dos fases: la previa hasta abril de 2014 para la selección de la solvencia económica de los licitadores y la final, hasta diciembre de 2014, para la selección de la solvencia técnica de las propuestas técnicas elaboradas por los licitantes. Curiosamente, en marzo de ese año, apenas un mes antes de finalizar la primera fase del concurso, se constituyó la empresa Minorbis con un capital social de solamente 3.000 euros. Por lo tanto, no tenía ninguna experiencia previa en minería ni en ningún ámbito similar. Pese a ello, la nueva empresa se presentó al concurso con un simple «acuerdo de pláticas» con Grupo México.

En la letra pequeña se establecía expresamente que la entidad podía rescindir ese acuerdo en cualquier momento, algo que impide la legislación española al no representar en modo alguno compromiso de respaldo de la oferta. Además, Minorbis no contaba con la solvencia financiera mínima para participar en el concurso y, para más inri, presentó un proyecto que no cumplía con los tres requisitos básicos del mismo.

A pesar de todo ello, la citada empresa ganó la licitación de la Junta de Andalucía por delante de Emerita, que en la actualidad está entre las 50 mejores sociedades de la Bolsa de Toronto, uno de los principales mercados de inversión en minería. La compañía canadiense recurrió a los tribunales y ahí empezó todo el caso Aznalcóllar. A pesar de que la Fiscalía pidió su archivo en varias ocasiones, la Audiencia de Sevilla siguió adelante con el procedimiento al considerar que se habían producido «ilegalidades severas» en el concurso para la explotación de la mina.