La Audiencia Nacional ordena preservar explosivos de los atentados yihadistas del 17-A
Los familiares de una víctima han presentado una demanda ante el TEDH por vulneración del derecho a saber la verdad
Vecinos recuerdan a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils.
La Audiencia Nacional ha ordenado que no se destruyan los explosivos que aún se encuentran almacenados en el depósito judicial de la Guardia Civil y que fueron incautados en el marco de la investigación de los atentados perpetrados el 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona).
El tribunal que juzgó el caso ha ordenado preservar las evidencias ante la demanda presentada por los familiares de una víctima ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por vulneración del derecho a saber la verdad, según un auto al que ha tenido acceso EFE este martes.
En dicha demanda, los padres del niño de 3 años fallecido en el atentado yihadista solicitan que se condene a España a que emprenda «las investigaciones judiciales necesarias para esclarecer todos los hechos relacionados con los atentados» y a reparar «el daño producido por la insuficiencia de la investigación practicada en el presente procedimiento».
Ante la posibilidad de que «resultase necesario practicar nuevamente prueba sobre los efectos y evidencias que pudieren ser destruidos», el abogado de los familiares, Jaume Alonso-Cuevillas, solicitó que no se atendiese a la petición de la Guardia Civil de destruir las evidencias, incluidos los explosivos, como es habitual una vez que hay sentencia firme.
Tanto la Fiscalía como la Generalitat de Cataluña no se opusieron a la postura de la familia, que ha sido atendida por la Audiencia Nacional. Los atentados perpetrados en Las Ramblas de Barcelona la tarde del 17 de agosto de 2017, mediante un atropello masivo con una furgoneta, y en el paseo marítimo de Cambrils (Tarragona) la madrugada del día 18, con cuchillos y un hacha, se saldaron con 16 muertos y 140 heridos.
Tuvieron lugar a raíz de la explosión ocurrida la noche del 16 de agosto de 2017 en la casa de Alcanar (Tarragona), en la que los terroristas preparaban artefactos explosivos para cometer atentados y donde fallecieron varios miembros de la célula. El Tribunal Supremo impuso condenas de 43 y 36 años de prisión a los dos principales acusados, y de 18 meses a un tercero por cooperación con organización criminal terrorista por imprudencia.
