García Ortiz seguirá como fiscal mientras las asociaciones le piden dar un paso atrás

El fiscal general del Estado se aferra a la silla. Álvaro García Ortiz descarta dimitir después de que el Tribunal Supremo haya dictado un auto de procesamiento abreviado que le deja al borde del banquillo por un delito de revelación de secretos. El máximo exponente del Ministerio Público ha reafirmado su compromiso de «continuar defendiendo la actuación y la integridad de la institución que representa» a pesar de que dos de las tres asociaciones profesionales han pedido que dé un paso atrás para reducir el daño reputacional. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que «la situación es insostenible».

El magistrado del Supremo Ángel Hurtado ha acordado este lunes procesar al fiscal general por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador. Concluye así la instrucción sobre la filtración de los correos en los que la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reconocía haber cometido un fraude fiscal. García Ortiz podría enfrentarse a penas de hasta cuatro años de prisión, aunque él ha reiterado su inocencia. El juez también propone llevar a juicio a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

García Ortiz seguirá en el cargo, pese a que dos de las tres asociaciones profesionales ha pedido su dimisión tras la decisión del juez. La mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han reclamado al fiscal general «un ejercicio de responsabilidad» tras quedar a un paso del juicio. En su opinión, la situación causa «sonrojo y de vergüenza».

García Ortiz al borde del banquillo

La Unión Progresistas de Fiscales (UPF), de la que García Ortiz fue portavoz, se ha desmarcado de la petición de dimisión. Sostiene que la causa nunca debió iniciarse y que esa decisión supone «un enorme daño personal, profesional y reputacional» a los procesados. Para la AF,  la permanencia en el cargo del fiscal general como encausado «compromete la integridad de la institución que representa y deteriora gravemente la imagen profesional» de todos sus integrantes.

«Estamos preocupadísimos por el daño reputacional que va a provocar el procesamiento del fiscal general, que se mantiene en el cargo pese a todo. Si aprecia algo la institución, debería dimitir inmediatamente. Si no lo hace, se dará una situación paradójica: suspenderá en el cargo a su coprocesada (la fiscal jefe de Madrid) y él se mantendrá ejerciendo las funciones», explica a este diario Cristina Dexeus, presidenta de AF.

Dexeus considera que García Ortiz debió dimitir hace un año, cuando el Supremo admitió la exposición motivada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). «Lo hemos dicho a lo largo del tiempo y hemos llegado a este momento con el fiscal general manteniéndose en el cargo. Por analogía, que un fiscal esté obligado a ser suspendido del cargo cuando se le procesa o se abre juicio oral para mantener la imagen de imparcialidad de la institución, más necesario será con la cabeza de la institución», ha insistido.

Miguel Pallarés, portavoz de APIF, una de las acusaciones personadas en la causa, ha afeado a García Ortiz que no parta de él la decisión de dimitir. «Nosotros pedimos la dimisión en el momento en que estaba siendo investigado y precisamente porque no dimitió, dio lugar a que nos personáramos. Si hubiera dimitido no nos hubiéremos personado», ha señalado.

Causas de cese

En cambio, la UPF ha salido al paso del procesamiento de García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid. En su opinión, a partir de ahora la estrategia de las defensas será poner a los fiscales «en el punto de mira». La única asociación que aboga por su permanencia sostiene que el fiscal general está siendo víctima de «un ataque sin precedentes en democracia». E insiste: «Es nuestro último dique de contención frente a este desatino de consecuencias gravísimas».

La mayor parte de la carrera fiscal lleva meses reclamando la dimisión del García Ortiz. La primera ocasión, en octubre del año pasado, tras conocerse su imputación. Las asociaciones profesionales consideraban que su continuidad perjudicaba gravemente el prestigio de la institución, una opinión que han redoblado este lunes, tras el auto de procesamiento. En enero, tras su declaración en el Supremo, 13 miembros de la Junta de Fiscales (un tercio) solicitaron en una carta a su jefe que su renuncia era «imprescindible».

Las causas de cese del fiscal general están reguladas en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). El artículo 31 establece que solo podrá cesar a «petición propia, en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo, por incumplimiento reiterado de sus funciones o por «incompatibilidades o prohibiciones» cuando así lo proponga el Gobierno. Sin embargo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha reiterado la plena confianza del Ejecutivo en García Ortiz.

El EOMF no recoge entre las causas de cese objetivas del fiscal general que sea imputado, procesado o juzgado. En cambio, se da la paradoja de que la normativa sí establece que se deberá suspender de empleo y sueldo a la otra fiscal procesada, la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, en caso de que se abra juicio oral en su contra.