Mismo día y mismo notario: las pruebas del posible fraude de ley del aforado Gallardo
Las acusaciones sospechan de una operación orquestada y denuncian las maniobras del líder del PSOE en Extremadura
Miguel Ángel Gallardo el día de su estreno en la Asamblea de Extremadura. | Jero Morales (EFE)
Una operación orquestada. Las acusaciones populares del caso David Sánchez sostienen que las maniobras de Miguel Ángel Gallardo para convertirse en aforado suponen un fraude de ley. El líder del PSOE en Extremadura necesitó que una parlamentaria dimitiera y que otros cuatro candidatos que le antecedían en la lista electoral rechazaran tomar el acta. Todos ellos el mismo día y ante el mismo notario, según la documentación a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Fuentes parlamentarias aseguran que se trata de una jugada inusual. Vox, Manos Limpias y Liberum han denunciado la treta, que busca dilatar o cambiar el escenario del juicio por la contratación del hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz.
Gallardo tomó posesión como diputado de la Asamblea de Extremadura el pasado 29 de mayo. Culminaba así el anuncio que hizo el 16 de mayo, solo un día antes de que la juez Beatriz Biedma abriera juicio oral contra él y otras diez personas por delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz considera que las diligencias de investigación han evidenciado la existencia de «claros indicios de criminalidad» en la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, ente que el líder de los socialistas extremeños presidió hasta el 30 de mayo.
La maniobra provocó un aluvión de críticas del resto de partidos, que consideran que Gallardo usa el aforamiento para «beneficiarse» en la causa judicial. La consecución de esta prebenda abre un conflicto competencial, ya que ahora debe dirimirse si el líder de los socialistas extremeños tiene que ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) por su condición de aforado o en la Audiencia Provincial de Badajoz junto al resto de procesados.
La maniobra de Gallardo
Gallardo iba en el número 23 de la candidatura provincial en las autonómicas celebradas en mayo de 2023, un año antes de que se iniciara la causa contra el hermano de Pedro Sánchez. El PSOE obtuvo 16 escaños en los comicios, pero dos parlamentarios electos dimitieron y corrió la lista. Para que el actual líder de los socialistas extremeños tomara el acta hacía falta que dimitiera un diputado y que otras cuatro personas rechazaran recogerla: los candidatos del 19 al 22.
El procedimiento se puso en marcha con la dimisión de la diputada regional María de la Cruz Rodríguez Vegazo. La dirigente socialista presentó su renuncia en la Asamblea de Extremadura el 20 de mayo. El mismo día que la Cámara regional recibió las renuncias para tomar el acta de las cuatro personas que antecedían en la lista al líder socialista: Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández Luengo.
Los cuatro potenciales sustitutos de Rodríguez Vegazo acudieron el 19 de mayo al mismo notario de Mérida, Gonzalo Fernández Pugnaire, para certificar su renuncia «libre y voluntaria» a ser proclamados diputados regionales. Las escrituras a las que ha tenido acceso este diario, todas idénticas, exponen que «por motivos estrictamente personales y profesionales» los candidatos rechazan tomar el acta. Lo curioso del caso es que dieron fe de su intención un día antes de que la parlamentaria lo comunicara oficialmente a la Asamblea.
La fórmula ha generado dudas por el modus operandi, ya que todas las renuncias se produjeron el mismo día y parecían «pactadas». Las fuentes consultadas recelan de las cuestiones profesionales a las que aluden los candidatos que antecedían a Gallardo para rechazar el acta. Ven «extraño» que ninguno de los potenciales sustitutos de Rodríguez Vegazo quisieran dar el salto a la Cámara regional.
Recursos y querella
La jugada soliviantó a las acusaciones populares, que sostienen que se ha producido un fraude de ley. Vox y Manos Limpias han recurrido el aforamiento ante la Junta Electoral. Otra asociación, Liberum, interpuso una querella ante el TSJEx, donde solicitó la suspensión inmediata de la prebenda. Los magistrados desecharon la medida porque «la urgencia alegada (…) no genera daños de imposible o difícil reparación», pero mantienen abierta la puerta a retirarle el aforamiento de forma cautelar, lo que supondría que Gallardo sería juzgado en la Audiencia de Badajoz.
Las acusaciones subrayan que la diputada que dimitió «debe mucho» al líder de los socialistas extremeños. Como avanzó este diario, fue jefa de Gabinete de Gallardo durante su primera etapa como presidente de la Diputación de Badajoz. Además, cuando era alcalde de Villanueva de la Serena facilitó que se convirtiera en funcionaria municipal. El presidente del tribunal, Manuel Candalija, es otro de los imputados por el puesto que obtuvo David Sánchez en el ente supramunicipal.
Como pago por sus últimos servicios, Rodríguez Vegazo iba a ser nombrada subdelegada del Gobierno en Badajoz, un movimiento que frenó Ferraz. Vox sospecha que los candidatos que dejaron el camino expedito a Gallardo pueden recibir algún tipo de compensación a cambio, por lo que Santiago Abascal anunció la semana pasada en Telemadrid que su formación iba a solicitar las cuentas bancarias y los futuros puestos de esas personas.
