Marchena: «Cualquier reforma de la Justicia desprende un aroma a manipulación política»

En tiempos de incertidumbre, la sociedad busca referentes. La figura de Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) emerge como un oasis en mitad del desierto. El magistrado del Tribunal Supremo permanece en la retina de muchos españoles por su papel como presidente del tribunal que enjuició el procés. Ahora presenta La justicia amenazada (Espasa), donde habla de la independencia del fiscal general, la crisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los aforamientos o los ataques a sus colegas. Sin embargo, en esta conversación evita algunos charcos para no comprometer su actividad. Ese es el motivo por el que ha preferido conceder la entrevista a través de un cuestionario escrito.

Marchena lamenta que el poder siempre ha querido controlar la actividad de los jueces, aunque ahora vivimos en «un escenario insólito». El magistrado critica que un pacto político (el que cerraron Junts y PSOE para que Pedro Sánchez continuara en Moncloa) incorporase una mención al lawfare para «controlar y exigir responsabilidades a los jueces en función de cómo apliquen la ley de amnistía», que estos días se debate en el Tribunal Constitucional, de mayoría progresista. Pero Marchena trasciende esas etiquetas, por eso fue el candidato de consenso para presidir el órgano de gobierno de los jueces hasta que un mensaje dinamitó la operación.

Su libro llega en un momento de alta tensión para jueces y fiscales, en pie de guerra contra el Gobierno por las modificaciones que plantea para el acceso a las carreras y el estatuto fiscal. Para Marchena, las reformas son imprescindibles «para no petrificar las instituciones», pero realizarlas en una «crisis integral» como la actual, con varios procesos judiciales abiertos que cercan al Ejecutivo, le parece descabellado. En su opinión, aumenta la sospecha de que esos cambios pretenden controlar a jueces y fiscales más que arreglar problemas. Y de fondo, debates tan de actualidad como acabar con el anonimato en Internet o la inteligencia artificial.

PREGUNTA.- ¿Por qué este libro ahora?

RESPUESTA.- Bueno, quizás porque haber dejado la presidencia de la Sala de lo Penal me ha permitido disponer de algo más de tiempo y, sobre todo, porque quería volcar en un libro puramente divulgativo mi experiencia de más de 40 años trabajando en la Administración de Justicia.

P.- Su libro parte de un diagnóstico preocupante: la Justicia está amenazada, ¿pero por quién?

R.- Desde el primer capítulo me refiero a la metástasis del poder político, que históricamente ha querido debilitar cualquier mecanismo de fiscalización o control de sus decisiones. Pero ahora hemos ido mucho más allá. Estamos viviendo un escenario insólito, inimaginable, para cualquier jurista.

P.- ¿Qué piensa de quienes dan por hecho el lawfare?

R.- El hecho de que un pacto político incorpore una mención al lawfare para controlar y exigir responsabilidades a los jueces en función de cómo apliquen la ley de amnistía me parece inaudito.

P.- Dice en su libro que el poder político «no ha superado la tentación de debilitar los mecanismos constitucionales concebidos para el control democrático». ¿Cree que el Gobierno va en la dirección correcta con las reformas anunciadas?

R.- Mire, yo no soy partidario de petrificar las instituciones. Las reformas necesarias habrá que abordarlas, pero hacerlas ahora, en un momento histórico de crisis integral de la Administración de Justicia, me parece descabellado. La sospecha de que con esas reformas no se pretende arreglar un problema, sino controlar a jueces y fiscales, resultará inevitable.

«La sospecha de que con esas reformas no se pretende arreglar un problema, sino controlar a jueces y fiscales, resultará inevitable»

P.- Jueces y fiscales hicieron el miércoles un paro y están pensando en ir a la huelga por la reforma del acceso a las carreras. ¿Está justificada?

R.- Creo firmemente que el momento actual es el más inapropiado para cualquier reforma estructural de la Administración de Justicia. Siempre alentará la sospechas de un intento de control del poder político a una Justicia que investiga hechos de alcance histórico.

P.- Empieza fuerte el libro. En el primer capítulo, recado a Sánchez: ¿de quién depende el fiscal?

R.- Es cierto. Pero es que esa frase me parece muy gráfica de lo que es una visión del fiscal general como apéndice togado del Poder Ejecutivo.

P.- «El fiscal general actúa como un delegado del Gobierno: persigue los delitos del contrario y es condescendiente con los propios». Ha trabajado codo con codo con cuatro fiscales generales, dos nombrados por el PP y otros dos por el PSOE. ¿Considera que defendían los intereses del Gobierno?

R.- Puedo asegurarle que, en los 11 años que trabajé en el órgano de asesoramiento del fiscal general, la conclusión a la que llegué es que en muchas ocasiones la autonomía del Ministerio Fiscal no depende tanto de las leyes, sino del talante personal y de la cultura democrática de cada fiscal general.

P.- ¿Es partidario de que Álvaro García Ortiz continúe al frente de la institución tras ser procesado?

R.- Yo soy la última persona que tendría que opinar acerca de los efectos del procesamiento del fiscal general.

P.- ¿Cree que el último informe de la UCO puede costarle a Sánchez el Gobierno?

R.- Me pide usted un juicio político que no estoy capacitado para ofrecer.

P.-¿Qué le parece que Leire Díez le incluyera en su investigación sobre la mala praxis y la corrupción judicial?

R.- Mi vida es transparente. Lo que es insólito en un país serio es que el portavoz del partido que apoya al Gobierno confirme en una comisión parlamentaria que he sido incluido en esa supuesta «investigación periodística» y se haga eco de una infamia.

P- Se queja en el libro de que la acción popular es presa de la dialéctica política, de organizaciones interesadas en conocer y propagar el procedimiento. ¿Dejaría fuera a entidades como Manos Limpias o Hazte Oír como propone la reforma que plantea el Gobierno?

R.- No puedo ser tan insensato como para sugerir o insinuar a quién debería dejar fuera del ejercicio de la acción popular. Lo que es cierto es que cualquier reforma debería fijarse como objetivo evitar la profesionalización de los acusadores populares. Y, lo que es incluso más importante, no permitir que los partidos políticos y los sindicatos trasladen al proceso penal la batalla política, sometiendo a descalificaciones ideológicas al juez que no atiende sus demandas. Pero vuelvo a insistir. No son buenos tiempos para la reforma de la acción popular. Cualquier modificación, hoy por hoy, desprenderá el aroma de la manipulación política.

«Y, lo que es incluso más importante, no permitir que los partidos políticos y los sindicatos trasladen al proceso penal la batalla política»

P.- Parece una ley a la carta. ¿Confía en que este Tribunal Constitucional la considere inconstitucional? En cambio, parece que avalará la ley de amnistía. Usted fue el juez del procés, ¿qué le parece que le hagan una enmienda a la totalidad?

R.- Como magistrado del Tribunal Supremo solo puedo esperar a que el Constitucional responda a la cuestión de inconstitucionalidad que hemos promovido. Y que lo haga sin desbordar el espacio funcional que le corresponde.

P.- Denuncia en el libro el bloqueo del CGPJ. La última renovación, cerrada en un despacho, ¿volvió a ser un reparto de cromos? Afirma que un sorteo tampoco contribuiría a solucionar el problema, ¿no sería al menos más independiente?

R.- Yo estoy seguro de que la dirección del periódico para el que usted trabaja nunca aceptaría elegir a los columnistas que van a ocupar los espacios de opinión mediante un sorteo entre profesionales de la información. Usted no dejaría en manos de un periodista elegido por sorteo, por ejemplo, la crónica parlamentaria.

R.- ¿Qué propone?

R.- Creo que lo que hay que hacer en la renovación del CGPJ es cumplir la Constitución. Que no sea fruto de un pacto entre secretarios generales de los dos partidos, sino del acuerdo parlamentario. El silencio de los presidentes del Congreso y del Senado me parece una abdicación de sus deberes. La reforma del sistema de elección de los vocales debería ser fruto de un acuerdo compartido, no del enfrentamiento entre dos modelos irreconciliables. De todos modos, advierto en el actual CGPJ razones para la esperanza.

P.- La maniobra del líder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha puesto en el foco una de las figuras a las que usted dedica especial atención en el libro, los aforamientos.

R.- No quisiera opinar sobre asuntos que en la actualidad están siendo objeto de tratamiento judicial. Con independencia de esta idea, hay razones más que fundadas para entender que la sociedad vea en los aforamientos un cierto privilegio. Me he pronunciado a favor de los aforamientos constitucionales, los que afectan a los diputados, senadores y miembros del Gobierno. También, el que fue concedido a favor del Rey abdicado.

P.- No aborda en su libro la inviolabilidad de la figura del Rey, ¿considera que es una figura anacrónica?

R.- De ser la inviolabilidad, como usted dice, una figura anacrónica, deberíamos concluir que todos los jefes de Estado, insisto, todos los jefes de Estado del mundo, están instalados en ese anacronismo. España, por ejemplo, reconoce por ley esa inviolabilidad a los jefes de Estado extranjeros que pisan territorio español. Sería un disparate que España reconociera a cualquier jefe de Estado esa inviolabilidad en viajes públicos y privados y, sin embargo, se la negara al Rey.

«Hay razones más que fundadas para entender que la sociedad vea en los aforamientos un cierto privilegio»

P.- En el libro se muestra contrario a las reformas que exclusivamente aumentan las penas contra la violencia machista y propone reducir la repercusión informativa.

R.- Ya sé que es un poco pretencioso decirle a un medio de comunicación cómo tiene que abordar el tratamiento informativo de los asesinatos que son fruto de la violencia machista, pero no tengo ninguna duda de que la personalidad psicopática que late en muchos de esos asesinos se refuerza cuando su hazaña obtiene el eco mediático que le permite demostrar a la sociedad que con su hombría no se juega.

P.- También parece muy preocupado con que no se respete la presunción de inocencia.

R.- La presunción de inocencia debemos creérnosla. Nadie puede ser considerado culpable de un delito hasta que una sentencia firme así lo determine. Y, por supuesto, tener bien claro que la absolución de alguien que ha sido tenido en el concepto público como culpable no es el fracaso del Estado de Derecho, todo lo contrario, representa su reafirmación.

P.- Propone acabar con el anonimato en Internet, ¿cómo se conjuga eso con el derecho a la intimidad y la libertad de expresión?

R.- Efectivamente, el riesgo que usted apunta es real. El anonimato permite un ejercicio de libertad de expresión en los sistemas dictatoriales que es especialmente saludable. Lo que sucede es que el anonimato está permitiendo construir una realidad virtual en la que se tolera decir lo que en ningún medio de difusión convencional sería admisible. Estoy seguro de que usted no publicaría en su periódico, bajo su firma y con nombre y apellidos, algunos de los comentarios o tuits que se difunden cada día. Sabe que se expondría a la exigencia de responsabilidades jurídicas.

P.- ¿No cree que existe una delgada línea de caer en el riesgo de censura?

R.- Censura, nunca, pero la libertad de expresión debería ser ejercida por un sujeto perfectamente identificable. También añado que cualquier reforma en la actualidad para acabar con el anonimato alimentaría las sospechas de injerencia del poder político en el escenario de libertad que hasta ahora ha representado Internet.

P.- No elude el debate de la presión permanente. ¿Se trata de una cadena condena perpetua? ¿Se ha dejado de creer en la reinserción o faltan instrumentos?

R.- En el libro parto de la base de que todos los sistemas penitenciarios han fracasado en el logro de la definitiva reinserción social. Hay reclusos que se reinsertan, pero también hay otros muchos a los que el paso por la prisión alimenta su historial delictivo. Creo que a los condenados no se les puede recibir en la prisión con el rótulo que Dante incluyó en el infierno de la Divina Comedia: «Perded toda esperanza». Hay que alentar la reinserción y estoy seguro de que en las prisiones hay un espacio para la mediación que puede dar mucho juego.

P.- ¿Por qué cree que el PSOE incumple su compromiso de derogarla?

R.- No lo sé. Quizás pueda influir el deseo de no defraudar a esa parte de la sociedad que piensa que el incremento de las penas es la solución para la delincuencia.

P.- Dedica un episodio a la inteligencia artificial (IA). ¿Puede acabar con el retraso de la Justicia?

R.- La IA va a desempeñar un instrumento decisivo para complementar el trabajo de los jueces. En los juzgados hay mucha tarea repetitiva que puede verse muy aliviada. Pero de ahí a crear jueces robóticos me parece que hay un gran trecho. El juez robótico solo será capaz de ofrecer una verdad matemática, estadística. Y el algoritmo será programado por un funcionario que le transmitirá sus sesgos personales e ideológicos.

P.- ¿Llegará el día en que nos juzguen robots?

R.- La justicia no puede perder su rostro humano. Los jueces somos algo más que máquinas expendedoras de sentencias. Representamos un poder en el equilibrio de poderes que define el Estado de derecho. El Poder Judicial no puede ser robotizado.